La Constitución Española de 1978 dio rango constitucional a los intereses de las personas consumidoras y a sus organizaciones. La Ley General de Defensa de los Consumidores de 1984 llenó de contenido legal aquella declaración. Un horizonte halagüeño, una legislación bien construida en un mercado de consumo distorsionado por los desequilibrios y su secuela de abusos.

Sin embargo, la implementación, como se dice ahora, del equilibrio en el mercado de consumo a través de un potente aparato público de protección sigue siendo una tarea pendiente y el Consejo de Consumidores y Usuarios sigue siendo un organismo en construcción.

El mercado de consumo es un mercado desequilibrado y los poderes públicos tienen que intervenir para reequilibrarlo y hacer que las personas consumidoras aumenten su poder, se empoderen, y puedan presentarse en el mercado con una conciencia cierta que sus derechos no se van a lesionar y que podrán conseguir dentro del mercado los bienes y servicios que conforman su bienestar, pero no un bienestar cualquiera sino el alto grado de bienestar en el mercado interior que le prometen los Tratados de la UE. La colaboración del Consejo de Consumidores y Usuarios con las autoridades ha de hacerse con transparencia y potenciando la participación de la sociedad civil en los trabajos prelegislativos. Las autoridades deben contar y recibir las opiniones y posiciones del CCU.

Pedimos y exigimos ser oídos por los órganos decisorios donde se abordan nuestros intereses. De manera preocupante esto no siempre ocurre; así mismo, exigimos a los poderes públicos que desarrollen y doten de recursos al aparato institucional llamado a reequilibrar el mercado de consumo.